La moción presentada por Sí se puede solo contó con los votos en contra del partido de Curbelo.

Sí se puede La Gomera tilda de muy esclarecedor que ASG fuese la única formación que votó en contra de la moción presentada para verificar los títulos de los consejeros y directores de área que se publican en la página web de la corporación.

El texto sometido a debate en el último pleno del Cabildo gomero instaba a que el Presidente, las Consejeras y Consejeros, tanto del grupo de gobierno como de la oposición, así como las personas que ocupan el cargo de Director Insular, entregasen copia a la Secretaría de los títulos, resguardos o justificantes que aparecen en las distintas biografías del portal Web del Cabildo de La Gomera. Tales resguardos se dejarían a disposición de los grupos políticos para su fiscalización.

Para Rubén Martínez, consejero de Sí se puede en el Cabildo de La Gomera, “es muy llamativo que ASG fuese la única que votase en contra de dicha moción. Nos preguntamos si es que quieren esconder algo”.

Para Sí se puede La Gomera los recientes hechos acaecidos sobre la inexistencia o falsificación de los títulos académicos de los representes públicos, que han llevado incluso a la apertura de diligencias judiciales, han provocado un aumento en la desconfianza de la ciudadanía en sus representantes institucionales.

A juicio de Sí se puede, las administraciones públicas han de ser transparentes, veraces y ejemplarizantes. Desde la formación asamblearia se entiende que deben existir mecanismos que permitan demostrar que todo lo que se publica, en sus respectivas páginas web, es verídico y comprobable.

Para la formación ecosocialista, los episodios como el referido con Cristina Cifuentes, ponen en tela de juicio la credibilidad de muchos cargos públicos. Opinan que es preciso dar muestras de confianza a la ciudadanía para tratar de combatir la mala imagen que se expande sobre la clase política con ese tipo de actuaciones.

“Nuevamente, cuando se trata de refrendar el comportamiento honesto por parte de los representantes institucionales, ASG lo rechaza, como ya hicieron con la moción contra el transfuguismo presentada por Sí se puede. En todo caso entendemos que con este tipo de actuaciones están mostrando realmente como entienden y practican la actividad política” concluye Rubén Martínez.

Solicitudes de información relativas a contratación de personal y obras realizadas por el ayuntamiento no han sido contestadas.

El concejal del Ayuntamiento de Valle Gran Rey por Sí se puede, Carlos Hernández Chinea, muestra su alarma ante la opacidad que muestra el consistorio ante las solicitudes de acceso y copia de expedientes, además de ante la tardanza para responder las preguntas realizadas en pleno. A esta situación, desde la asamblea local de Sí se puede se añade que el Consejo de Participación Ciudadana lleva más de un año sin ser convocado y que el Consejo Municipal de Educación, pese al compromiso de constituirse adquirido por acuerdo institucional, no se ha configurado para empezar a funcionar.

En ese sentido, recuerda que con esta sucesión de incumplimientos se menoscaba el derecho de información a los concejales recogido en la Ley 7/2015 de los municipios de Canarias, en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

“Son incontables las solicitudes de información que hemos presentado en esta legislatura y que no han sido contestadas ni atendidas. Estamos valorando seriamente acudir al Comisionado de Transparencia y a otras estancias como la vía contencioso-administrativa por vulneración fundamental del derecho a la participación pública entre otros. Son varios ya los casos en España en que se ha inhabilitado a alcaldes por no facilitar el acceso a la información a la oposición y no vamos a seguir permitiendo el menoscabo a nuestra labor” señala el concejal.

Hernández explica: “No nos gusta la vía judicial, pero el secretismo y la opacidad con que se gestiona este ayuntamiento es intolerable. Poner obstáculos a la labor de la oposición significa un menosprecio absoluto a las mínimas normas democráticas”.

Para el concejal, la paralización del Consejo de Participación Ciudadana es, además de un retroceso, otro incumplimiento de la legislación. “Hasta organizamos una charla para que quedase claro que fomentar la participación ciudadana es un requisito en la gestión municipal, pero este es otro aspecto en el que en vez de avanzar se ha retrocedido con este gobierno”.

Para Sí se puede, además, la tardanza en la respuesta a las preguntas de pleno es una falta de respeto a la misma ciudadanía. “Buena parte de las preguntas que realizamos en pleno las trabajamos a partir de aportaciones de vecinos que se dirigen a nuestra asamblea y, por lo tanto, recogen inquietudes de la ciudadanía de Valle Gran Rey. Es una pena que el gobierno no atienda más a estas preguntas porque podrían ser un instrumento indispensable para mejorar la gestión del ayuntamiento”.

“Constantemente hacemos pública la obstaculización a la labor de quienes hemos sido elegidos democráticamente. No podemos conformarnos con el silencio cómplice ante tales actitudes, hemos sido elegidos para democratizar este ayuntamiento y para dignificar su funcionamiento y solo exigimos la aplicación de la Ley. Valle Gran Rey no puede seguir siendo un municipio donde los derechos de la ciudadanía o de la oposición están sujetos a la interpretación de un alcalde”, concluye Hernández.

Dotado con 2 mil euros el plazo de presentación que dura 30 días naturales se inicia hoy, 01 de febrero de 2018, y se consulta en la página web de la formación.

La Asamblea Insular de Sí se puede La Gomera convoca el 2º concurso de proyectos de interés general para la isla, con un montante de dos mil euros para el proyecto ganador. El objetivo del concurso es dar apoyo económico a proyectos que tengan como fin avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria, solidaria, sostenible y democrática desarrollados por individuos u organizaciones.

Desde la formación ecosocialista se informa que las bases reguladoras del concurso están publicadas en la página web de Sí se puede para que toda persona interesada en participar pueda consultarlas.

Desde la formación asamblearia se recuerda la buena acogida del concurso celebrado el año pasado, concediéndole los dos mil euros estipulados al proyecto “Joëlettes en La Gomera” presentado por Club Caminantes La Taparucha. El objetivo de dicho proyecto era facilitar a personas con dependencia motora, sensorial o mental el poder disfrutar de rutas de senderismo.

El concurso pretende colaborar con proyectos que tengan como ámbito de actuación la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión social, la atención a la diversidad funcional, la conciliación familiar, la salud, el medioambiente, la economía social y sostenible, la participación social y el patrimonio histórico-cultural.

Sí se puede recuerda que ese dinero se detrae del salario que recibe como profesor de enseñanza secundaria el consejero por la formación en el Cabildo Insular de La Gomera, Rubén Martínez. Se trata de la diferencia acumulada entre el salario percibido como profesor y lo que se estipuló que recibiría en función del código ético asumido en la campaña electoral como representante electo de la formación, en este caso, por su condición de consejero en el Cabildo gomero.

Este 2º concurso sigue la línea propuesta por la formación ecosocialista desde el inicio de la legislatura de apoyar iniciativas sociales a través de esa diferencia salarial acumulada. Muestra de ello es que en el 2016 se realizó una donación a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) por un importe de mil euros y en enero de 2017 se donó, igualmente, a Médicos sin Fronteras (MSF) dos mil euros siendo las dos organizaciones no gubernamentales que realizan una importante labor en situaciones internacionales de enorme dificultad

Desde Sí se puede se señala que las dietas recibidas por el consejero por asistencias a plenos y comisiones que rondan los 4 mil euros en el año 2017 son ingresadas en la formación política, para gastos de funcionamiento y organización. Recuerdan que lo que percibe un consejero del cabildo de la Gomera por su participación en el pleno es ciento ochenta euros y en caso de asistir a comisiones ciento cincuenta euros. La cuantía que corresponde al presidente del Cabildo aumenta a doscientos euros y ciento ochenta respectivamente.

La formación asamblearia anima a las personas y colectivos interesados a participar en este proyecto. “Pretendemos, a través de este tipo de iniciativa, apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, aquellas iniciativas que apuestan por construir una isla basada en la solidaridad, la igualdad y el respeto a lo diferente. Construir no es solo hacer carreteras y obras innecesarias”.

La asamblea local de la formación política presentó escrito ante el incumplimiento por el ayuntamiento de su publicación en sede electrónica.

Sí se puede de Vallehermoso se congratula de la modificación de la exposición al público de los Presupuestos de 2018, después de haber presentado un escrito el pasado lunes 11 de diciembre, solicitando la suspensión de la misma por incumplimiento al no haberse publicado en Sede Electrónica.

La formación asamblearia recuerda que el pasado 16 de noviembre se aprobó en el pleno del ayuntamiento los Presupuestos Iniciales de 2018, estando durante quince días de exposición al público para presentar reclamaciones y alegaciones, tanto en las dependencias municipales como en la Sede Electrónica, cosa esta última que se había incumplido

“Nos alegramos de que gracias a nuestro escrito se haya modificado y así se pueda consultar los presupuestos con más tiempo, al estar enlazados en la Sede Electrónica. Entendemos que esta plataforma debe ser una herramienta útil, que acerque al ciudadano a la institución” alega Alejandro García Vera portavoz de la asamblea local.

“Para nuestra formación – continúa el portavoz- es imprescindible que los Presupuestos sean accesibles en la Sede Electrónica porque es la única vía que muchos tienen de poder analizarlos, ya que la simple exposición en dependencias municipales limita mucho su conocimiento y consulta”.

Los presupuestos municipales son las bases que ejecutan las políticas locales, por eso, para la formación ecosocialista, “es importante que las asociaciones y la ciudadanía conozcan cuáles van a ser los presupuestos del municipio. Tenemos un déficit de cultura política y, por ello, se debe marcar una senda más participativa, tanto en la elaboración de los mismos, como en su posterior publicidad. Consideramos que la publicación en la Sede Electrónica va en esa vía, aunque entendemos que se puede ir más allá en el fomento de la participación” afirma García Vera.

Desde Sí se puede también se solicita al Ayuntamiento que hagan pública, a través de los medios de información, la modificación con la ampliación del periodo de alegaciones. Entiende, la asamblea local, que la publicidad de estos cambios no se ha transmitido a la ciudadanía.

“Reclamamos una mayor transparencia a la hora de publicitar los presupuestos, ya que se trata de uno de los puntos cardinales que marca la Ley de Transparencia, tanto estatal, como canaria y, que también apunta la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Además de por propia ética política” indica el portavoz.

Para concluir, Alejando García manifiesta “Advertimos que el plazo para presentar alegaciones es hasta el 31 de enero de 2018. Invitamos a la ciudadanía a que consulten el presupuesto y si lo creen pertinente presenten alegaciones. Desde nuestra formación estamos abiertos a cuantas sugerencias se nos quiere hacer llegar. La participación no debe ser una cuestión de teoría política, sino que debe ejecutarse realmente, y la elaboración y crítica hacia los presupuestos marcan esa senda”.

Considera que estos presupuestos no responden a las necesidades reales de la Isla de transformación de su modelo productivo y social.

Para Sí se puede, los presupuestos del Cabildo Insular de La Gomera para el ejercicio 2018 presentados por el equipo de Gobierno y que están en información pública, no apuestan por un cambio en el modelo productivo de la isla. En ese sentido señalan que se trata de unos presupuestos continuistas.

Rubén Martínez, consejero de Sí se puede en el Cabildo gomero, señala al efecto: “No entendemos cómo el discurso de ASG en el Parlamento Canario consiste en criticar el modelo productivo y en una supuesta apuesta por la transformación, mientras que aquí, donde tienen responsabilidades institucionales y de gestión, optan por el continuismo y dejar todo como está. No parece que sea muy coherente ese doble discurso, a no ser que la situación de La Gomera sea inmejorable y por lo tanto no tengan razón de ser sus continuos lloros en el parlamento.”

Desde Sí se puede se señala que el Cabildo, como máxima institución insular, debería poner las bases para una transformación del modelo económico y social de la isla, apostando por reforzar determinados sectores productivos y por afianzar un modelo social que no se base en la caridad ni en el asistencialismo.

Para Sí se puede, el proyecto de presupuestos para 2018 se trata de un presupuesto que sobredimensiona el gasto político y otros gastos diversos de funcionamiento. En tal sentido señalan que existe una partida de 6.414.939,83€ (14,4% del presupuesto) destinada, entre otras cuestiones, a gastos protocolarios y de publicidad y propaganda, que supone una especie de “fondos reservados”.

La formación ecosocialista denuncia que en el presupuesto solo se dedican 1.667.375,03€ a agricultura, ganadería y pesca, lo que significa solo un 3,74% del total. Señalan que con ello no se apuesta por corregir la situación del sector primario que en la isla está sumido en una profunda crisis y marginalidad.

Advierten sobre el escaso aumento para acción social, solo 10.000 € en prestaciones sociales y 149.890,9€ en servicios sociales y promoción social, cantidades que poco tienen que ver con las necesidades reales de la población insular, con un importante índice de envejecimiento y de precarización social.

Desde la formación de izquierdas se teme que las importantes partidas destinadas a infraestructuras, un 11,08% del presupuesto, sigan con la política tradicional de invertir en grandes y mediáticas obras que no responden a las necesidades reales de la población y que con posterioridad quedan abandonadas.

Destacan la falta de participación pública en el proceso de elaboración. Siendo muy significativo, a su juicio, que no se estableciesen fórmulas para trasladar el borrador presupuestario a otras instituciones insulares, asociaciones, movimientos asociativos y vecinos y vecinas en general. Incluso en ningún momento se contó, en su elaboración, con todas las formaciones presentes en el pleno del cabildo Insular.

Para Sí se puede La Gomera otros de los problemas observados es el relativo a la ejecución presupuestaria. Recuerdan que en la liquidación del presupuesto de 2016 se dejó de ejecutar una parte considerable de las partidas dedicadas a Servicios Sociales y Promoción Social, entre ellas la dedicada a Acción Social Transferencias Corrientes a Familias e Instituciones donde de los 490.000,00€ presupuestado solo se ejecutaron 15.768,74 €.

Rubén Martínez concluye: “Hemos constatado a lo largo de la legislatura y ahora a través de los presupuestos del 2018 que el equipo de gobierno del Cabildo no tiene intención alguna de dotar a la isla de las bases que le permitan apostar por la modernización. Continuamos sumidos en el mismo modelo de hace 25 años”.

La colaboración de colectivos, asociaciones y ciudadanos en la organización de todos los festejos de la ciudad estará regulada por un reglamento que reconoce a este órgano como parte de la organización complementaria municipal pero limita su papel al terreno consultivo y de asesoramiento e información de la política consultiva municipal.

A propuesta de Sí se puede, el pleno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey aprobó por unanimidad la constitución del Consejo Sectorial de Fiestas con funciones de carácter consultivo, así como de asesoramiento e información de la política festiva municipal, que se conformará para propiciar un debate permanente que sirva de estímulo y apoyo a las actividades lúdicas y festivas que tienen lugar en el municipio en todas sus vertientes.

“Sinceramente no esperábamos que esta moción fuese apoyada por unanimidad. Sobre todo, nos sorprendió el voto favorable de CC, cuyos representantes han hecho de las fiestas el asunto primordial de su gobierno y que han mostrado hasta ahora una gestión bastante opaca de las fiestas” señala la portavoz de Sí se puede, Sandra Ramos.

Desde la formación asamblearia se explica que, a día de hoy, la mayor parte de las fiestas del municipio suelen organizarse a partir de las Comisiones de Fiestas, entes sin personalidad jurídica formados por grupos de personas voluntarias.

“Pese a su esfuerzo y compromiso con la organización de las fiestas, creemos que actualmente son tantos los requisitos legales en materia de seguridad, de contratación de orquestas y empresas de servicios (iluminación, sonidos…) y monetarios, así como de responsabilidad civil, que viene siendo necesario plantear la conformación de un órgano que dé cobertura legal a la participación del Ayuntamiento y de las personas que conforman las Comisiones de Fiestas, amparándose en la legislación vigente” insiste la portavoz.

La asamblea local de Sí se puede indica que, precisamente en este verano, en Valle Gran Rey se sufrieron ciertas circunstancias (orquestas que se negaron a tocar en medio de una fiesta, problemas de seguridad…), que dejaron en mal lugar el nombre del municipio y que muestran con claridad la conveniencia de replantear y rediseñar cómo se está afrontando la política de fiestas por parte de este Ayuntamiento.

“Se da la circunstancia que en los tres años que se llevan de legislatura, el gasto en fiestas por parte de esta Corporación supera los 100.000 euros cada año, cantidad que necesita de más transparencia y de más participación por parte de quienes organizan las fiestas y de los grupos políticos con presencia en el Pleno” considera Ramos.

La moción además encarga a la Concejalía de Fiestas varias encomiendas que desde Sí se puede se espera se ejecuten a la mayor brevedad posible. De tal forma, desde la formación asamblearia se indica que el pleno ha instado a que la Concejalía de Fiestas elabore las normas reguladoras del Consejo Sectorial de Fiestas, la Ordenanza para la adjudicación y utilización de ventorrillos y otros puestos en fiestas populares y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones de recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes.

“Queremos que quienes organicen las fiestas estén avalados por la legislación, que quienes participen en los festejos tengan seguridad y que las personas que trabajan durante la celebración de las fiestas tengan plenas garantías de cobro. Entendemos que es una oportunidad para regular una actividad de la que disfrutamos el resto de la ciudadanía, pero que puede suponer muchos problemas para quienes la organizan” finaliza su intervención Ramos.

Para la formación asamblearia, la constitución de este órgano puede ayudar a mejorar el funcionamiento de los Plenos y de la propia corporación, así como la transparencia del Ayuntamiento.

En esta semana Sí se puede en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey ha presentado un escrito dirigido al alcalde en el que solicita que se lleve al Pleno la constitución de la Junta de Portavoces conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 7/2015 de los municipios de Canarias.

Para Guzmán Correa, portavoz y concejal de Sí se puede, “desde principio de legislatura, pero más en la actual situación de gobernabilidad, en el Ayuntamiento hay circunstancias suficientes que aconsejan la creación urgente de este órgano. Creemos que la Junta de Portavoces puede ayudar para consensuar los asuntos de interés municipal y para promover la transparencia en Valle Gran Rey”.

Para Sí se puede en Valle Gran Rey, un gobierno que quiera adaptarse a la legislación debería apostar de una forma más clara y decidida por el diálogo con el resto de formaciones políticas, máxime cuando recientemente el grupo de gobierno se encuentra en minoría.

“La Junta de Portavoces haría las funciones de órgano auxiliar del pleno”, explica el Correa, “y cabría esperar que ayudará a mejorar la deficiente e insuficiente comunicación que muestra el grupo de gobierno con las formaciones políticas que estamos en la oposición”.

Según el artículo 38 de la Ley 7/2015, las funciones específicas de la junta de portavoces son el debate y propuesta sobre los asuntos relativos al desarrollo de las sesiones plenarias, la determinación de la duración de los turnos de intervención en el pleno y en las comisiones, la propuesta al pleno de mociones institucionales consensuadas por todos los grupos políticos, la fijación del calendario de sesiones de las comisiones o la propuesta de convocatoria de sesiones plenarias extraordinarias, incluida la de debate de la gestión del gobierno municipal o debate del estado del municipio.

“La voluntad de Sí se puede es la de proponer y apoyar aquellas iniciativas que supongan el desarrollo de la transparencia, la participación, así como profundizar en la democratización del Ayuntamiento”, apunta Correa, quien entiende que “la Junta de Portavoces puede ser un buen espacio para fomentar el debate y el consenso”.

Desde Sí se puede se entiende que el alcalde, aceptando y llevando a cabo esta propuesta, está ante la oportunidad de demostrar que, al menos en la actual situación con la que afronta su gobierno, apuesta por la transparencia y por la participación activa del resto de partidos.

“Hace más de un mes que los representantes de ASG abandonaron el gobierno, pero en ese tiempo no hemos visto cambios en el proceder del gobierno municipal y existen asuntos que se aventuran a corto plazo que requieren de que haya una mayor participación de quienes componemos el pleno municipal” apunta para finalizar el portavoz de la formación de izquierdas.

La charla, que será impartida por el técnico David Hernández, tendrá lugar el próximo sábado 07 de octubre a partir de las 19:00 horas en la Casa Cultural de La Calera.

La asamblea local de Sí se puede en Valle Gran Rey organiza una charla sobre participación ciudadana con el objeto de informar a la población y a las autoridades del municipio y de la isla de las obligaciones que tiene el Ayuntamiento para desarrollar instrumentos de participación ciudadana y las ventajas que tienen los procesos participativos para la construcción de territorios más cohesionados e integradores.

“Lo organizamos ahora precisamente porque en todo este año el Consejo de Participación Ciudadana no ha sido convocado, y entendemos que la ciudadanía de Valle Gran Rey no puede permitirse que un instrumento básico para que los vecinos y vecinas tengamos mayores niveles de consulta, de debate y de participación social se vaya diluyendo en el desinterés”, explica Sandra Ramos, portavoz de la formación en Valle Gran Rey.

El técnico en participación ciudadana, David Hernández, quien dinamizará la charla, posee una dilatada carrera en este campo, siendo redactor del Reglamento de Participación del Ayuntamiento de Los Silos, que fue el primer municipio de Tenerife en contar con esta herramienta reguladora.

Para la formación asamblearia, Valle Gran Rey se encuentra ante el reto necesario de incorporar a la ciudadanía al funcionamiento de sus instituciones. “A pesar de que este era el municipio de La Gomera donde primero hubo un Consejo de Participación Ciudadana, teniendo un gran empuje a partir de 2011, desde 2014 entró en una dinámica poco eficiente, donde no se contestaban las preguntas planteadas y donde las decisiones acordadas nunca se llegaron a plasmar” apunta la portavoz.

“Sin embargo, en esta legislatura el funcionamiento de este espacio de participación fue aún peor al ser las reuniones tediosas, poco dinámicas y nada eficientes” abunda Ramos. Por ello, desde la asamblea local de Sí se puede se ha considerado imprescindible romper esta deriva y abrir el debate sobre la participación ciudadana en Valle Gran Rey.

“Esperamos que acudan a la charla desde personas individuales interesadas por la toma de decisiones, a miembros de colectivos y asociaciones, y, por supuesto, los representantes públicos y las autoridades”, señala la portavoz, quien argumenta que “precisamente nuestros representantes políticos tienen que asumir que la participación ciudadana no es un concepto vacío sino la plasmación concreta de procesos sociales e institucionales, y su fomento y reglamentación una obligación legal”.

“Quienes habitamos el municipio de Valle Gran Rey estamos ante el reto de conseguir dotarnos de espacios y herramientas que lleven nuestras inquietudes y propuestas al gobierno municipal” finaliza su intervención Sandra Ramos.

Su proyecto fue el galardonado en el primer concurso de ideas de proyectos de interés general para la isla de La Gomera.

La convocatoria del primer concurso de ideas de proyectos de interés general para la isla de La Gomera realizada por la formación política Sí se puede La Gomera se ha resuelto concediendo el montante estipulado al Club caminantes La Taparucha que presentó el proyecto “Joëlettes en La Gomera”.

El proyecto subvencionado con los 2 mil euros aportados por Sí se puede, consiste en la compra de sillas todo terreno denominadas Joëlettes que permitirán a personas con dependencia motora, sensorial o mental poder disfrutar de rutas de senderismo. En el plan de actuaciones a llevar a cabo se señala la impartición de tres cursos de formación y siete salidas de campo.

La convocatoria del concurso tiene como objetivo dar apoyo económico a individuos y organizaciones para el desarrollo de proyectos que tengan como fin avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria, solidaria, sostenible y democrática.

Se pretende colaborar con proyectos que tengan como ámbito de actuación la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión social, la atención a la diversidad funcional, la conciliación familiar, la salud, el medioambiente, la economía social y sostenible, la participación social y el patrimonio histórico-cultural.

Sí se puede recuerda que ese dinero se detrae del salario que recibe como profesor de enseñanza secundaria el consejero por la formación en el Cabildo Insular de La Gomera Rubén Martínez. Se trata de la diferencia acumulada entre el salario percibido como profesor y lo que se estipuló que recibiría en función del código ético asumido en la campaña electoral como representante electo de la formación, en este caso, por su condición de consejero en el Cabildo gomero.

Este concurso prosigue con la línea establecida desde el inicio de la legislatura de apoyar iniciativas sociales; en tal sentido, cabe recordar que en mayo del 2016 se realizó una donación a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) por un importe de mil euros y en enero de 2017 también se donó a Médicos sin Fronteras (MSF) dos mil euros.

En su afán de absoluta transparencia, Sí se puede La Gomera recuerda que todas las dietas percibidas por el consejero Rubén Martínez por su participación en los plenos y comisiones del cabildo son ingresadas en la formación política, siendo lo que percibe un consejero por su participación en el pleno ciento ochenta euros y en caso de asistir a comisiones ciento cincuenta euros. En el caso del presidente del Cabildo, estas cantidades aumentan a doscientos euros y ciento ochenta respectivamente.

La asamblea local de la formación plantea al grupo de gobierno que se devuelvan las tasas del IBI cobradas de forma indebida.

Sí se puede ha propuesto al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey que se dé información a la ciudadanía, a través de una campaña, sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados.

“En nuestra opinión, tal y como declaró la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, los terrenos urbanizables que no cuenten con un plan de Ordenación Urbanístico no pueden ser considerados como urbanos, sino que volverán a tener consideración de terrenos rústicos y, por lo tanto, se debe proceder a la devolución de los tributos locales abonados indebidamente” explica Guzmán Correa, concejal y portavoz de la formación de izquierdas.

Para Sí se puede, la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 2014 establece que los suelos urbanizables sin planificación urbanística pasan a valorarse como suelo rústico, lo que provoca que, desde aquella fecha, no debe tributarse por el IBI de naturaleza urbana, ni por el impuesto de plusvalía. En la misma situación estarían los suelos urbanos no consolidados sin planeamiento de desarrollo.

“Esto lo vino a confirmar, a nuestro parecer, la Ley 13/2015, de reforma de la Ley Hipotecaria y la Ley del Catastro Inmobiliario. La sentencia del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 2014 establece que los suelos urbanizables sin planificación urbanística pasan a valorarse como suelo rústico, lo que provoca que, desde aquella fecha, no debe tributarse por el IBI de naturaleza urbana, ni por el impuesto de plusvalía” abunda el portavoz.

Para la asamblea local de la formación, Valle Gran Rey cuenta una bolsa de suelos en los que concurren estas circunstancias y, por lo tanto, una considerable cantidad de titulares de suelo urbanizable y urbano no consolidado sin planeamiento de desarrollo desconocen las repercusiones de la sentencia 30 de mayo de 2014 y derechos que poseen a partir de su declaración, que revirtió la clasificación de los suelos.

“Entendemos que entre otros derechos está el de poder reclamar a que desde esta Corporación se proceda a la devolución de los tributos locales abonados indebidamente, por lo que creemos que un Ayuntamiento responsable debería comunicar e informar a las personas afectadas de estas circunstancias” insiste Correa.

Sí se puede considera del mismo modo que se debe proceder, en los casos que corresponda, a devolver los tributos locales abonados indebidamente a las personas afectadas, dado que no puede considerarse idéntico desde el punto de vista tributario el suelo que cuenta con todas las dotaciones públicas con el que carece de gran parte de estas.

“Nuestro municipio necesita hacer un ajuste a la realidad urbanística respecto al IBI de los suelos urbanos no consolidados con planeamiento de desarrollo, y por lo tanto debe facilitar a la Dirección General del Catastro la información necesaria para que inicie un procedimiento de valoración colectiva al respecto de las propiedades donde concurran tales circunstancias” finaliza su intervención el portavoz.