La formación ecosocialista apuesta por que se desarrollen todas las medidas para poner fin a esta problemática.

En el próximo pleno del Cabildo Insular de La Gomera que tendrá lugar el día 1 de diciembre, la formación ecosocialista ha presentado una moción cuyo objetivo es dotar de medios los servicios de prevención de la violencia machista. La presente iniciativa se enmarca en un conjunto de mociones presentadas en el presente pleno para concienciar y desarrollar medidas en torno a la situación de género en la isla de La Gomera. Las otras dos mociones registradas por Sí se puede La Gomera son relativas a elaborar, tal y como se hace en otras instituciones, unos presupuestos con enfoque de género a partir del ejercicio de 2019 y otra cuyo objetivo es incentivar e impulsar el Registro de las Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida

Rubén Martínez, consejero por la formación en el Cabildo de La Gomera, señala “Con la presente moción pretendemos no solo concienciar sobre la situación dramática fruto de la violencia de género, sino, y fundamentalmente, que se dote de medios para poder llevar a cabo actuaciones que erradiquen definitivamente esta problemática. No nos conformamos con un minuto de silencio a las puertas de las instituciones, exigimos medios solventes para desarrollar medidas eficaces”.

Sí se puede recuerda que en lo que va de año en Canarias cuatro mujeres han sido asesinadas, la última el pasado 1 de noviembre en el municipio de Arona.  Según los datos recabados en el ISTAC (Instituto Canario de Estadística) y el ICI (Instituto Canario de Igualdad) nos encontramos desde el 2011, con una media anual de tres a cuatro asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en Canarias.

Cabe recordar que el DEMA (Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas), organismo canario que gestiona las alertas por violencia machista, recibe a diario unas 39 llamadas. A lo largo del 2016 se produjeron un total de 14.390 llamadas al número 112, cifras que revelan la angustiosa situación.

Según los informes recabados, las condiciones económicas de las mujeres atendidas por violencia de género en los servicios públicos son mayoritariamente de gran precariedad, con un alto porcentaje de situaciones de desempleo y sin ingresos propios o con ingresos muy reducidos.

Se ha constatado, según dichos informes, la necesidad de financiación para una mayor integración en la intervención dentro de los servicios especializados en la violencia sexual (prevención, acogida, atención…).

En tal sentido, la moción insta al Gobierno de Canarias a incrementar en los presupuestos autonómicos las partidas dirigidas a luchar contra la violencia machista para garantizar la puesta en marcha de las medidas contempladas en el pacto de Estado contra la Violencia de Género. Asimismo, apuesta porque las administraciones locales puedan afrontar la necesaria ampliación de personal en las Unidades de Prevención y Atención a mujeres y menores expuestos a violencia machista.

Rubén Martínez señala “Nuestra formación sigue apostando por desarrollar medidas eficaces contra situaciones como la violencia de género. La violencia machista es la consecuencia de una sociedad que no está haciendo lo suficiente por eliminar la desigualdad. La violencia es la parte visible de una problemática social y esto no se cambia con condenas vacías, se consigue trabajando para cambiar las realidades que sustentan esa discriminación hacia las mujeres”, y concluye: “entendemos que desde todas las instituciones y de manera consensuada se deben desarrollar todas las iniciativas que sean necesarias. No deben existir discrepancias para poner coto definitivo a estos viles asesinatos”.

Para la formación asamblearia, estas ayudas tendrían que estructurarse de una manera más transparente y eficiente, que permita a las personas y familias con necesidades poder afrontar con suficiencia las situaciones de emergencia social.

Desde Sí se puede en Valle Gran Rey entienden que las maneras que muestra el gobierno municipal en la convocatoria de las ayudas a la emergencia social caen de lleno en la improvisación y en el asistencialismo, y tildan de opacas y poco afortunadas las formas del alcalde de anunciar estas ayudas.

“No nos parece serio que a finales de noviembre sea cuando se anuncien a bombo y platillo y para lucimiento del alcalde estas ayudas, y más cuando desde marzo está operativo el presupuesto municipal” manifiesta Andrea Witt, portavoz de la formación de izquierdas en Valle Gran Rey.

Para la asamblea local de Sí se puede, “vincular las ayudas de emergencia social a las fechas navideñas es un despropósito: las emergencias sociales no entienden de fechas. Estas ayudas deben estar operativas y abiertas a toda la ciudadanía durante todo el año y no solo cuando llega diciembre”.

La portavoz insiste: “en la nota anunciadora de esta convocatoria el alcalde señala que esta es una de las gestiones más urgentes para el grupo de gobierno; menos mal, porque si no, directamente no las sacan. Esa urgencia y prioridad no se detectan cuando se saca la convocatoria en diciembre ni cuando en los presupuestos municipales se destinan 3.000 euros para esto y 125.000 en fiestas populares y festejos. Deberían hacerle caso al eslogan de la convocatoria: la emergencia no puede esperar”.

Desde Sí se puede se señala que el grupo de gobierno debería gestionar más y mejor la política social, apostando por la promoción, la prevención y la integración de las personas, y reduciendo el asistencialismo o la emergencia.

“En Valle Gran Rey existen situaciones sociales que demandan una política más fundamentada, continua y estratégica. Vivimos en el sitio con los alquileres más altos de La Gomera, con la cesta de la compra más cara y donde se ven fenómenos de precarización laboral muy potentes. Además, en los barrios de Taguluche, Arure y Las Hayas, existen situaciones de envejecimiento de la población y despoblamiento, con gente mayor que vive sola y algunas personas con enfermedades inhabilitantes, con lo que las políticas sociales se complican” explica Witt.

Para la asamblea local de Sí se puede, en esta legislatura en las políticas sociales de Valle Gran Rey se ha ido imponiendo un asistencialismo graciable y discrecional, una vuelta a criterios propios de la beneficencia, y con una instrumentalización de los recursos públicos como medios de control social.

La portavoz insiste: “De la opacidad de la convocatoria de estas ayudas habla que no han salido publicadas en ningún boletín, ni se sabe la cuantía, ni las condiciones mínimas para optar a ellas. Parece que se ha estado esperando a que otras administraciones y entidades como el Gobierno de Canarias, FECAM, Caja Canarias y la Fundación La Caixa den fondos para completar los fondos, y eso no parece obedecer a una planificación seria y asentada para desarrollar las políticas sociales que un municipio como Valle Gran Rey está demandando”.

Para finalizar, desde Sí se puede en Valle Gran Rey se muestra preocupación por la posible saturación que sufrirán los servicios municipales a finales de año. “Si ya durante el resto del año, las personas que trabajan en el servicio están muy ocupadas en intentar satisfacer las distintas situaciones sociales que se presentan, dejarles dos semanas para resolver las ayudas va a ahondar en situaciones laborales de estrés y colapso”.

Andrea WittLa organización ecosocialista promueve mociones en distintos ayuntamientos de las Islas para impulsar un debate local sobre la iniciativa legislativa del Gobierno de Canarias.

Sí se puede promueve cambios en el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias y, con este fin, ha presentado una moción en Valle Gran Rey para impulsar un debate local sobre esta iniciativa legislativa del Gobierno de Canarias con la que prevé derogar la vigente Ley 9/1987 de 28 de abril.

“Es importante que la nueva norma sea un instrumento para desarrollar y consolidar un sistema que garantice los derechos de toda la ciudadanía frente a la precariedad en que se encuentra actualmente”, manifiesta la portavoz de Sí se puede en Valle Gran Rey, Andrea Witt.

Para la portavoz, “la ley que se va a derogar representó un avance en su momento, aunque, al no contar con el desarrollo reglamentario correspondiente, dejó situada a Canarias en los últimos puestos en Servicios Sociales del Estado”.

Sí se puede considera que el anteproyecto “contiene errores conceptuales, es ambiguo, contradictorio y deja demasiados aspectos en el aire”, apunta el texto base de la moción que presentan los grupos municipales ecosocialistas en los ayuntamientos donde están presentes. El objetivo esencial de los contenidos que plantea la organización ecosocialista es “dejar meridianamente claro que los Servicios Sociales van a tener un carácter público, universal y gratuito”.

Como exigencias al Gobierno y al Parlamento de Canarias, la moción plantea que la Ley de Servicios Sociales incluya la obligatoriedad de prestar los servicios básicos directamente desde el sector público y que se garantice su financiación; así como la definición de la Cartera de Servicios en el plazo de un año tras la aprobación de la ley, y que cuente con una ficha financiera que garantice los servicios.

Otro punto esencial consiste en garantizar el acceso universal como uno de los principios orientadores de la ley y del sistema de Servicios Sociales. Por tanto, el acceso a los servicios no debe estar sujeto a participación económica de los/las usuarios/as, lo que elimina el copago de los servicios por parte de la ciudadanía.

“También llamamos la atención para que se garantice una ratio mínima de una/un profesional en la que se tengan en cuenta las especiales características de La Gomera en referencia a los Servicios Sociales comunitarios o de Atención Primaria. La población dispersa, en pequeños núcleos de población alejados de los centros administrativos, con altos grados de envejecimiento y que sufre un déficit histórico de recursos sociales, factores que caracterizan a nuestra isla y a otros territorios canarios necesitan ser considerados” insiste Witt.

La propuesta contempla también que se dote a todo el Estado de un marco único en el que se introduzca el derecho a los Servicios Sociales como derecho subjetivo en una futura reforma constitucional. Igualmente, como actuaciones de ámbito estatal, se plantea que los ayuntamientos insten al gobierno central a derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, “como vía necesaria para poder cumplir los compromisos de cumplimiento de derechos que adquiere la Ley Canaria de Servicios Sociales”, además de cambiar el artículo 135 de la Constitución, que antepone el pago de la deuda a bancos y empresa privadas a las necesidades de la ciudadanía, en una futura reforma constitucional.